Los explotadores económicos de empresas alimentarias tienen como objetivo, y obligación legal, poner en el mercado productos seguros que cumplan los requisitos legales. A veces, pero, a pesar de haberse tomado todas las precauciones con un sistema de gestión de peligros basado en la metodología APPCC correctamente implantado y documentado, se puede perder el control en algún punto de la cadena de producción, desencadenando una alerta alimentaria.  

Las alertas alimentarias ponen en riesgo la salud de los consumidores, crean situaciones de alarma social y pueden tener consecuencias negativas en la situación económica del sector. Por eso, es imprescindible que, ante su posible aparición, se cuente con un protocolo de actuación para gestionarlas de manera correcta. Este tiene que cumplir con las bases legales de la sección 4 del capítulo II del Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero de 2002 (DOCE L31/1 1.2.2002), concretamente con el artículo 19, que establece las obligaciones del explotador en cuanto a retirada, colaboración e información.

Para cumplir con este reglamento es responsabilidad de todo explotador tener implantado un sistema de trazabilidad documentado, y ponerlo a disposición de las Autoridades competentes si estas lo solicitan, así como etiquetar e identificar los alimentos de manera adecuada para que se pueda conocer su trazabilidad.

Así mismo, es imprescindible disponer de una estructura para la recepción y captura inmediata de información sobre potenciales crisis, una base de contactos para el intercambio de información (clientes-proveedores, operadores logísticos, mayoristas intermediarios, órganos de la administración, organizaciones de consumidores, etc. ) y un Comité Interno de Gestión de Incidentes o Gabinete de Crisis.

Es conveniente que en este comité estén representadas diferentes funciones de la empresa, como por ejemplo calidad, logística, producción, ventas, etc. En caso de identificar y confirmar una alerta el Comité se encargará de:

Informar las autoridades competentes:

Es importante designar un portavoz de forma que la información transmitida sea siempre homogénea. En caso de ser necesario, la autoridad nacional, pondrá en marcha el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF).

Descubrir la naturaleza del incidente:

Tendrá que buscar cuál puede ser el motivo del incidente, si este está en alguno de los procesos que realiza la empresa, en los materiales o ingredientes, o bien en alguno de los procedimientos anteriores o posteriores de la cadena.

Localizar el producto afectado:

Para lo cual es clave tener implantado un sistema de trazabilidad adecuado. El producto puede encontrarse dentro del ámbito de gestión del operador alimentario o bien fuera de este, en manos de su cliente, o incluso en el consumidor.

Localización del producto
Medidas correctoras

Adoptar medidas correctoras:

Una vez localizado el producto que ha estado objeto del incidente, y valorando la naturaleza de este, la localización del producto, los costes económicos, etc, se procederá a adoptar las medidas adecuadas para evitar poner en riesgo la salud de los consumidores. Entre estas medidas se podrá recurrir a la inmovilización de los productos afectados y, en su caso, su retirada del mercado. En caso de retirada, se valorará si es necesaria su destrucción o si es posible el reprocesamiento.

Informar a otros operadores económicos:

Contactar con los operadores económicos que puedan estar afectados por el incidente y colaborar con ellos en cada una de las actuaciones citadas.

Realizar un informe post incidente:

Elaborar un informe de lo sucedido, evaluarlo y sacar conclusiones sobre como mejorar la manera de actuar.

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